El Grupo Parlamentario Popular ha interpuesto un recurso de reposición contra el nombramiento de la secretaria general de la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura, Consuelo Cerrato, por no ajustarse a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1/2004, que recoge que los altos cargos deben comparecer ante la Asamblea de Extremadura con carácter previo a su nombramiento.
Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa el portavoz del GPP en la Comisión de Administración Pública en el parlamento autonómico, Juan Luis Rodríguez Campos, quien ha indicado que esta misma situación afectaría a los nombramientos “masivos” realizados por el Consejo de Gobierno el pasado 2 de agosto, si bien ha concretado que estos últimos aún podrían ser subsanados por la Junta de Extremadura, al encontrarse en plazo para ello.
En este sentido, ha manifestado la exigencia del GPP de que la Junta de Extremadura “vuelva al camino de la legalidad” porque, según ha comentado, “sería muy desagradable tener que recurrir a los tribunales”. “No estamos en contra de las personas que han sido nombradas, sino en contra de que la Junta se salta la ley que el propio Fernández Vara se ha impuesto”, ha dicho.
Al respecto, ha recordado que, al final de la pasada legislatura, el gobierno socialista modificó la ley 1/2004 para convertir en obligación legal que los altos cargos comparecieran ante la Asamblea de Extremadura con carácter previo a su nombramiento. Por tanto, a juicio del portavoz del GPP, lo que la Junta no pueda hacer ahora es saltarse la norma de forma “grosera”.
Para el portavoz de Administración Pública del GPP, Fernández Vara “ha batido su propio récord de incumplimiento de leyes”, pues en apenas cuatro meses “ya ha incumplido lo que vendió a bombo y platillo”, aplicando, además, el “rodillo” que Fernández Vara “dijo en su investidura que no aplicaría”. “Que esta ley no era buena ya lo sabíamos, pero no se puede admitir que se produzcan nombramientos ilegales”, ha abundado.
“Lo que debe hacer un gobierno serio y responsable es modificar la ley” y “admitir el error” que cometió al introducir este cambio el pasado mes de abril, pero “lo que no vamos a consentir es que la Junta se salte la ley”, porque “además de una ilegalidad”, estamos ante una “burla” y una “falta de respeto” a la Asamblea de Extremadura y a los ciudadanos a quienes “se les vendió este compromiso como la panacea de la transparencia”, ha concluido.
