22 Noviembre 2024 | 16:18 - Redacción
El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado de forma inicial este viernes, día 22, con los votos a favor del PP y en contra de PSOE y Vox, la ordenanza fiscal para el establecimiento de las tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y asimilados.
Una tasa cuyo coste total asciende a 9.449.957,22 euros y ante la que, como ha recordado el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, en este pleno extraordinario, los ciudadanos de Badajoz pagarán a partir de abril de 2025 cuantías que oscilan entre 69,68 y 106,79 euros al año - para viviendas de menos de 60 metros cuadrados o de superficies iguales o superiores a 360 metros, respectivamente- en función de la superficie de las viviendas. Respecto a esta misma tasa para actividades económicas, se abonará en función del tipo de actividad y superficie.
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha cerrado el debate de este punto al señalar que, desde el equipo de gobierno, no quieren "imponer" esta tasa, y que no son "sospechosos" de haberla querido "imponer" porque podría estar en vigor desde 2022, pero la van a hacer efectiva "el último día del plazo, que es el 1 de abril del año 2025", algo que ha destacado como un "compromiso con la contención y con el ahorro vía impuestos, tasas o tributos de los vecinos" de la ciudad.
Asimismo, ha remarcado que desde el Grupo Socialista plantean otro modelo pero no aportan números ni cuanto costaría a cada vecino, porque no tienen interés en aportar una alternativa, sino en "hacer daño" al equipo de gobierno "por una medida que viene obligado a imponer como consecuencia de una decisión del Gobierno del Partido Socialista".
Esto último lo ha tachado de "un cinismo tremendo", dado que los socialistas "han laminado a impuestos a las clases medias durante los últimos seis años", pero se han "convertido, de repente, en este pleno del Ayuntamiento de Badajoz en liberales convencidos", lo cual "es incluso para reírse si no fuera tan triste".
"Es muy triste que ustedes estén dispuestos a defender todo lo contrario que han ido haciendo durante estos seis años, con tal de intentar trasladarle a los vecinos de Badajoz que esto es un invento que, de manera caprichosa, el gobierno del Partido Popular ha decidido imponer a los vecinos, es que es mentir flagrantemente", ha resaltado, para explicar que el ayuntamiento en 2025 no va a recaudar 9 millones dado que va a cobrar tres trimestres y, además, ve "imposible" poder garantizar que el 100 por cien de los obligados tributarios abonen lo que les corresponden.
A continuación, se ha referido al estudio sobre la rebaja del IBI y a que tienen que tratar "con muchísimo cuidado" este tema, porque ante esta nueva tasa no saben cómo se va a comportar "por la absoluta y total indefinición que han provocado, entre otros, el Gobierno de España, que no ha dado unas directrices claras" a través de la transposición de la directiva europea referida a este asunto para que los ayuntamientos supieran cómo aplicarlo, por lo que cada uno ha tomado la dirección "que le correspondía" o que sus técnicos consideraban "mejor".
En cualquier caso, el primer edil ha destacado que "por obligación y responsabilidad" van a seguir estudiando cómo intentar minimizar el impacto de esta tasa en el bolsillo del contribuyente pacense. "Mi mensaje a los vecinos: esto obviamente no es plato de buen gasto y esto no es decisión de este ayuntamiento ni de ningún otro de España", ha concluido.
POSICIÓN DE LOS GRUPOS
Javier Gijón ha sido el encargado de detallar los pormenores de la nueva tasa tras la Comisión de Hacienda celebrada esta semana, ante lo que el siguiente paso es traer a pleno la aprobación inicial para posteriormente y una vez que se publique haya un periodo de exposición al público. Tras el mismo se resolverán las alegaciones y, finalmente y si así se considera, se podrá volver a llevarlo a una sesión plenaria para su ratificación definitiva.
Una tasa en la que los 9,4 millones anteriormente citados son el coste total del servicio, del que el 70 por ciento va destinado a las viviendas y el uso residencial y el 30 por ciento restante en las actividades económicas. En el caso de las viviendas, se contempla una cuota fija de 61,44 euros, y una variable según los metros cuadrados de superficie. Por otra parte y respecto a las actividades económicas, el reparto se ha tratado en función de los usos y la intensidad de generación de los residuos, y posteriormente por los metros cuadrados que cada establecimiento o actividad dispone.
Desde Vox, su portavoz Marcelo Amarilla se ha mostrado en contra de la ordenanza que "asfixia" a los pacenses con la nueva tasa por el servicio de basuras. Una tasa que "viene" de la Unión Europea, donde gobierna el PP con el apoyo del PSOE, y con la que pretende que se cubra el coste total de la gestión de residuos por parte de los vecinos del municipio.
Por lo tanto, se va a sufragar con la tasa de basura este servicio que ya se cubría con otros impuestos municipales que se pueden bajar y que no bajan, según Amarilla, que ha resaltado que desde Vox consideran "injusta" esta tasa, en todos los aspectos, puesto que no se tienen en cuenta parámetros importantes a la hora de aplicarla, como si son pisos vacíos, personas que viven solas o vecinos que sólo llegan a su hogar para pernoctar, y que si esta medida no va acompañada de una bajada de los otros impuestos municipales votarán "siempre en contra".
"Vemos, una vez más, otra nefasta consecuencia de la Agenda 2030, con la que tanto PP como el PSOE están de acuerdo, y de las políticas verdes, más impuestos y menos libertad para los ciudadanos", ha aseverado, para avanzar que presentarán alegaciones que, espera, no caigan "en saco roto" y ha sostenido que es "más justo" el modelo de Barcelona, en la que los vecinos pagan en función del recibo del agua.
En nombre del Grupo Socialista, ha intervenido Alejandro Mendoza, que ha lamentado que no se permita intervenir al presidente de Facua Extremadura, que lo había solicitado, y ha tachado la tasa que va a implantar el ayuntamiento de "injusta, se mire por donde se mire" y en primer lugar porque se establece una cuantía fija para toda la ciudadanía por 61,44 euros, la cual representa en algunos casos casi el 90 por ciento de la tasa, que de media ronda el 70 por ciento y que es contraria "totalmente" a los objetivos de la directiva marco europea que se traspone con la Ley 7/2022.
Al mismo tiempo, ha explicado que la normativa sobre la que se sustenta esta ordenanza no tiene un carácter punitivo sino "todo lo contrario" porque lo que se pretende es decir a la ciudadanía que puede pagar menos si genera una menor cantidad de residuos y si, los que produce, los separa correctamente, por lo que es "un incentivo económico", razón por la cual no tiene "ningún sentido" tener una cuota fija. Sobre la cuota variable, han decidido que se calcule en función de los metros cuadrados del inmueble sin que influya otro factor, como uno "muy relevante" como la renta.
Para el PSOE, podrían haber decidido que la tasa fuera únicamente variable y en función del valor catastral, "y por tanto el porcentaje que se aplique para el valor catastral en la tasa es en el que se tendría que reducir el IBI, es más se podía bajar el IBI algo más, y así recuperamos lo de la tasa del agua, el IMSS, la Universidad Popular, las entradas de las murgas del Carnaval y lo próximo que se les ocurra subir".
Mendoza también ha preguntado a qué se van a dedicar los 9 millones que se recauden anualmente por este concepto, ante lo que Gijón ha replicado que los gastos que están en los presupuestos municipales son los que se afectan a los ingresos, "no los ingresos a los gastos", por lo que ha concretado que los gastarán en los servicios de la ciudad, en inversiones o en mejorar la calidad de vida, "donde se destinan todos los ingresos que vienen".
