El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recogido este lunes el premio concedido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a la administración autonómica extremeña, en la categoría de “Mejor Acción Autonómica y/o Local”, correspondiente al año 2019.
La concesión del premio a la Junta de Extremadura se justifica en “su rápida decisión política de preservar la sostenibilidad económica del tercer sector de la discapacidad en Extremadura, habilitando recursos adicionales para la compensación y el sobreesfuerzo económico que ha supuesto el incremento de los costes salariales”, según se refleja en el acta del jurado.
El premio ha sido entregado por el presidente de CERMI estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, en un acto que ha tenido lugar en la Presidencia de la Junta, en Mérida, y al que han asistido el vicepresidente segundo y consejero de Servicios Sociales, José María Vergeles, y el presidente de CERMI Extremadura, Jesús Gumiel.
Fernández Vara, quien ha recalcado que “no es un premio personal sino un reconocimiento institucional”, ha señalado que cuando la Junta de Extremadura tomó esa decisión “no era un momento sencillo” debido a la exigencia del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y, por tanto, resultaba especialmente complejo “cuadrar la cuentas sin descuadrar la vida de las personas”.
Asimismo, ha asegurado que esa decisión nacía “de algo tan sagrado como los derechos de los trabajadores y trabajadoras” y de la necesidad de cumplir con la negociación colectiva, por lo que, ha añadido, no se trataba de hacer un favor a nadie sino de un “compromiso existencial”, ya que “no hay trabajo sin dignidad ni empleo sin derechos”.
A este respecto, ha manifestado que “un país por el que nos podamos sentir orgullosos” tiene que contar con una clase trabajadora que tenga un salario digno y decente y con una negociación colectiva en la que se negocien estas cuestiones.
Fernández Vara ha recordado que el modelo de atención a la discapacidad que se ha establecido en España no nació de la casualidad sino que fue “una realidad impuesta”, en el sentido de que el “agujero asistencial que había en el mundo de la discapacidad” llevó al nacimiento del mundo asociativo, muy vinculado a las familias, que tuvo que “echarse hacia adelante”.
También ha reseñado que, con la llegada de la democracia, cuando “la caridad se convierte en derechos legítimamente defendidos”, se optó por un modelo que tuvo en cuenta todo ese “potencial que había nacido en la situación de partida”, y ha mencionado expresamente a organizaciones como APROSUBA.
Ese modelo, ha dicho, consistía en establecer una financiación procedente de recursos públicos mientras la provisión de los servicios se llevaba a cabo mediante conciertos con el mundo asociativo.
Fernández Vara ha insistido también en el camino que aún queda por recorrer para que “la inclusión” de las personas con discapacidad “sea plena” en aspectos como “la formación, la cultura y el empleo”, en las que estas personas se encuentran con “especiales dificultades”.
El otro gran asunto pendiente, según el presidente extremeño, es el de la accesibilidad entendida en un sentido amplio, es decir, que permita a las personas con discapacidad “sentirse iguales”, algo que está relacionado con el acceso a los bienes, servicios y productos que la ciudadanía tiene a su alrededor.
Por último, Fernández Vara ha destacado el hecho de que en la administración regional “ya no tenemos un departamento que solo sepa de discapacidad” sino que este ámbito está presente “en toda la Administración en su conjunto”, y ha pedido no olvidar que hay “mucha gente que necesita de la política porque cree en ella”, al tiempo que no se debe confundir la política con lo que “algunas veces y en algunos lugares, desgraciadamente, nos hacen creer que es”.
